La política de gobierno como un experimento social, y la ética de investigación

Toda política de gobierno es un experimento que un ideológo o líder lleva a cabo con sus gobernados.

La gran mayoría de las propuestas políticas se basan en hipótesis que pueden probarse or rechazarse según los resultados.   En este marco de referencia, los sujetos de experimentación son los ciudadanos, sobre quienes recae el efecto de las medidas económicas y sociales implantadas por el modelo de gobierno.   Como en toda investigación, el modelo político también tiene sus riesgos y unos sujetos pueden ser mas vulnerables a estos riesgos que otros.  La aplicación de cargas impositivas, topes en salarios mínimos, restricción del circulante, control del mercado de valores,  fijación de tasas de interés y  la emisión monetaria no afecta de manera indiscriminada a la sociedad.   Políticas encaminadas a privilegiar la protección social, por otra parte, suelen ser mas equitativas.   Como experimentos sociales que son, los modelos de gobierno, entran en el terreno de la investigación,  y debieran atenerse, entre otros muchos códigos y guias,  a los preceptos de la ética prescritos por el Reporte Belmont.

El Reporte Belmont es el código de conducta por excelencia de los investigadores de todo el mundo.  Este código está estructurado sobre tres pilares fundamentales:  respeto a las personas,  benificencia y justicia.   Por "respeto a las personas" se entiende el reconocimiento y la garantía de la autonomía de las personas (para decidir sobre sus vidas) y permitir sus decisiones (en la participación en el experimento) mediante el "consentimiento informado."   Además este principio también incluye que el investigador debe ser veraz y no engañar.   Por "beneficencia" se entiende simplemente la intención de no producir lesión o perjuicio.   Finalmente, el principio de justicia se refiere a la distribución justa de los costos (lastre) y beneficios a los participantes potenciales de la investigación (o proyecto político).

La forma en que un determinado proyecto de gobierno cumpla con los principios del Reporte Belmont nos indicaría que tan ético es el programa de gobierno, o el gobierno mismo.

Como primer paso, entonces, nos debemos preguntar.  ¿Tiene el plan de gobierno ¨respeto por las personas"?   Un gobierno que reconozca la autonomía de la gente y su derecho a un consentimiento informado tiene un primer punto en la ética de gobierno.  Aquí, por su puesto, el voto hace de "consentimiento informado".  Pero, como se mencionó antes, el investigador debe ser veraz y no engañar.   Aquel gobierno o gobernante que induce al error con falsas informaciones o distorsiones de la sociedad para lograr el voto (el consentimiento informado) falta a la ética, y lo hace ilegítimo, pues el consentimiento fue dado para otra suerte de experimentación donde los parámetros o los métodos (el plan de gobierno) eran distintos.

La siguiente pregunta sería ¿perjudica al sujeto (elector) el proyecto por el cual vota?  O de otra manera, ¿beneficia al mismo sujeto el plan de gobierno?    ¿Está el elector suficientemente informado para que vote por quien en realidad representa sus intereses?  Tal como pasa en la investigación científica, toda participación del sujeto tiene riesgos.  Es el sujeto, conveniente y verazmente informado por el investigador quien debe sopesar si los beneficios superan a los posibles riesgos.  En la sociedad, los modelos políticos siempre tienen un costo.  Una carga impositiva alta puede perjudicar a un sector social, pero beneficiar a una mayoría quien recibe los beneficios por subsidios o mas oportunidades de empleo, mientras que un gobierno con estado pequeño puede determinar un mayor alivio tributario para unos pocos, pero a costa de menor protección social para otros estratos de la sociedad.  Por eso, es el electorado, que votando en consecuencia y con suficiente información veraz da el consentimiento para afrontar los riesgos en espera de un beneficio mayor.  En este caso el electorado es plural a la hora de decidir, pero es uno a la hora de someterse al veredicto de la ley.  Lo que determina la mayoría es parte de lo que J. S Mills, John Locke y  J. J Roseau llamaron el Contrato social,  la única manera de mantener una sociedad armónica y en paz.

Por último, viene la pregunta mas sustanciosa: ¿cómo distribuir justamente los beneficios y el lastre del plan de gobierno?   Una vez el electorado ha decidido dar su consentimiento informado a la investigación, mediante el voto, ¿cómo ha de conducir el gobernante su plan para distribuir justamente los benficios y el lastre?  Pues de la misma manera que se hace con cualquier experimentación. Dejemos que sea el mismo Departamento de Salud y Servicios Humanos (The US Department of Health and Humans Services) que nos lo indique.  En un oficio de su secretaría del 18 de abril de 1979, se explica el Reporte Belmeont.  En la Parte B, sobre la interpretación de Justicia, dice:  Las bases sobre las cuales "el lastre y los beneficios deben ser ditribuidos [son] : (1) a cada persona una contribución  igual, (2) a cada persona de acuerdo a su necesidad individual, (3) a cada persona de acuerdo con su esfuerzo individual, (4) a cada persona de acuerdo con su contribución social, y (5) a cada persona de acurdo con el mérito.

Los principios de distribución de beneficio/lastre que señala el Reporte Belmont, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, para el ámbito de la investigación científica no distan mucho del principio comunista :  "De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad."  Nótese la diferencia con el principio socialista "De cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo."

De esta manera un gobierno que se conduzca con la ética de la investigación, que es como debe ser,  es justo si da a cada uno según su necesidad y a cada persona de acuerdo a su esfuerzo personal.  Pero bastaría conque le diera "según su trabajo."  La contribución social y el mérito son probablemente el resultado del esfuerzo personal.  El dar a cada uno según su necesidad, hasta cierto punto,  implica necesariamente políticas humanistas, solidarias, cuando no llámense o no socialistas, que puedan resolver los problemas mas apremiantes del ciudadano como son alimentación básica, salud y vivienda. De estos principios se deriva también que no se pretende mantener igualdad completa puesto que en todo caso se ha de respetar el principio de "a cada persona de acuerdo a su esfuerzo individual" poniendo de presente el reconocimiento de la diferencia en la contribución con la sociedad.   De esta manera, un gobierno ético debe ser elegido por electores bien informados, no manipulados por el engaño, y una vez en el poder, procurar resolver las necesidades sentidas de sus electores, privilegiando la mayoría (menor lastre, mas beneficio), y propender por el reconocimiento del esfuerzo.

Dentro de esos principios el embaucar al elector,  el gobernar con el voto de un grupo en beneficio de los intereses del otro, y el no dar a cada quien lo que necesita y merece, es antiético.

Byron Bernal,  Octubre 2012